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López asegura que ya tiene una estrategia pensada en caso de que el gobierno no acate la decisión de la CorteIDH.
Uno de los principales líderes de la oposición venezolana recibió luz verde para postularse a las elecciones presidenciales de 2012 de parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en un crucial veredicto que el gobierno no acatará de forma automática por considerarlo "políticamente parcializado".
La Corte, el órgano judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA), dictaminó este viernes que el Estado venezolano no puede impedir que Leopoldo López, exalcalde de un municipio de Caracas, se inscriba como candidato en procesos electorales como estableció una sanción administrativa de la Contraloría en 2005.
La decisión pone en aprietos al gobierno, que parece reticente a acatar la medida vinculante, y abre aún más el juego en filas opositoras de cara a las primarias de febrero, donde definirán el rival del presidente Hugo Chávez para las elecciones de octubre.
Aunque la esperada sentencia sobre el caso de Leopoldo López, inhabilitado por haber cometido supuestos actos de corrupción, había sido de antemano desestimada por las autoridades venezolanas.
Mientras se espera la posición oficial definitiva, López ya anunció que buscará ser el candidato unitario que la oposición deberá elegir en las primarias de febrero del 2012.
Debate legal
Hasta 2008, cuando dejó la Alcaldía del Municipio Chacao de Caracas, López era uno de los opositores de mayor popularidad y era considerado un buen candidato para la Alcaldía Mayor de la capital venezolana, cargo al que no pudo aspirar por la sanción.
López, un economista de 40 años y líder del movimiento Voluntad Popular, fue inhabilitado para ejercer cargos de elección popular hasta el 2014 por la Contraloría General que lo acusó de dos hechos separados.
"El Estado no tiene otro camino que el acatamiento. La Constitución es clara. O la acatan o delinquen"
Leopoldo López
Uno de haber recibido donaciones de parte de la petrolera estatal Pdvsa antes de ser alcalde para el partido en el que entonces militaba, Primer Justicia, cuando su madre trabaja ahí y otra de desvío parcial de fondos, cuando ya ejercía el gobierno municipal.
El exalcalde negó las acusaciones y decidió pelear porque señalaba que la inhabilitación se dio sin una sentencia firme de un tribunal penal, como manda la Constitución venezolana y exige también la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Tras plantear su caso en las instancias nacionales, en 2008 López acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acogió la denuncia y demandó al Estado venezolano ante la Corte, con sede en Costa Rica.
Rumbo a las primarias
"Conquisto mis derechos para conquistar un mejor futuro para los venezolanos", dijo López este viernes en un acto horas después de conocer el fallo.
El político anunció que peleará en las elecciones primarias que la Mesa de la Unidad Democrática –bloque opositor que agrupa a 17 partidos– realizará en febrero.
"Es una sentencia que no tiene espacio para la interpretación", agregó López en claro desafío a la actitud que mantuvieron las autoridades venezolanas en las últimas semanas.
Repercusiones internacionales
La organización Human Rights Foundation (HRF) emitió un comunicado en el que expresa "beneplácito" por la sentencia de la CorteIDH.
Según ellos, esta decisión "marca un precedente importantísimo y afecta no solamente a Venezuela, sino a países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México y Perú, que permiten las restricciones a los derechos políticos sin sentencia penal".
En diálogo con BBC Mundo, López aseguró que "el Estado no tiene otro camino que el acatamiento. La Constitución es clara. O la acatan o delinquen".
Una vez conocida la decisión, el gobierno del presidente Hugo Chávez aseguró a través de un comunicado de la Cancillería que la sentencia de la Corte "es un claro estímulo a los actos de corrupción".
Sin embargo, en el texto de su sentencia, la CIDH aclaró que su decisión no se pronunciaba sobre la culpabilidad o no de los delitos que le achaca la Contraloría.
Desafío
Días antes el gobierno había desestimado el fallo por considerar que el organismo practica una "militancia política antivenezolana" y a favor de los políticos de la derecha local".
Venezuela considera desde hace varios años que organismos como la OEA, la CIDH y la CorteIDH están "vinculados a la política exterior de Estados Unidos".
Para el gobierno de Chávez este organismo no está por encima de la Constitución ni de las leyes del país. Y el caso debe resolverse, en última instancia, a través del Tribunal Supremo de Justicia.
"En Venezuela existe un orden jurídico establecido, instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia y el poder ciudadano, esta es una decisión más, será estudiada y en su momento las instituciones se pronunciarán", aseguró el canciller Nicolás Maduro, tras conocer la sentencia.
"En Venezuela existe un orden jurídico establecido, instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia y el poder ciudadano, esta es una decisión más, será estudiada y en su momento las instituciones se pronunciarán"
Nicolár Maduro, canciller venezolano
Días atrás, Carlos Escarrá, el actual jefe de la Contraloría, aseguró que de ejecutarse ese tipo de sentencias internacionales se pondría en juego la soberanía y la independencia del país.
Su oficina emitió un comunicado en el que considera la decisión "insólita, injusta e ilegal" y "contraria derecho público internacional, porque vulnera la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción".
Pero los abogados de López citan el artículo 23 de la Constitución venezolana que establece que "los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno (…) y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales".
Competencia opositora
Más allá del debate técnico-jurídico, Leopoldo López le dijo a BBC Mundo que se considera "habilitado desde este mismo momento".
En caso de que el gobierno ponga trabas, Voluntad Popular ya tiene una estrategia pensada, aseguró López.
"Vamos hacia la conquista de la calle, en el buen sentido, con una propuesta de esperanza", le dijo a BBC Mundo sin precisar cuál estrategia jurídica tendría a su disposición.
Una de las consecuencias directas tras la habilitación de López es el incremento de la competencia en filas opositoras de cara a las primarias.
La candidatura de López se suma a las de los gobernadores del estado Miranda, Henrique Capriles, y de Zulia, Pablo Pérez, quienes figuran en los primeros lugares en las preferencias de acuerdo a las encuestas.
Esta semana el Consejo Nacional Electoral fijó la fecha de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 7 de octubre de 2012, dos meses antes de lo previsto.
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