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viernes, abril 15, 2011

La movida judicial que avivó la llama del caso Karadima

La movida judicial que avivó la llama del caso Karadima

por Loreto Soto
karadima

Mientras desde la Iglesia criticaron fuertemente el allanamiento realizado a la oficina del abogado defensor de Fernado Karadima, Juan Pablo Bulnes, para incautar el fallo canónico que condenó al sacerdote por abusos sexuales contra menores, la Corte de Apelaciones respaldó el accionar de la ministra en visita, Jessica González, asegurando que la diligencia forma parte de la "independencia" que la magistrada tiene para llevar adelante su investigación.

Las complejidades del caso Karadima continúan generando polémica tanto a nivel jurídico como eclesiástico. La incautación del fallo canónico desde las oficinas del abogado defensor del ex párroco de la Iglesia El Bosque, Juan Pablo Bulnes, puso a la ministra en visita que encabeza la investigación, Jessica González, en el ojo del huracán y bajo las críticas de la Iglesia y del Colegio de Abogados.

Y es que la premura por determinar la culpabilidad de Fernando Karadima en los abusos sexuales a menores que se le imputan complica al Poder Judicial, especialmente, porque el mismo Vaticano ya emitió un fallo condenatorio contra el sacerdote. De ahí que la investigación canónica revistiera tanta importancia para la magistrada, quien se adelantó al resultado del exhorto que la Corte Suprema autorizó el jueves para solicitar los documentos a la Santa Sede a través de la Cancillería.

La acción provocó el rechazo del abogado Bulnes, quien desde hace un par de semanas estaba al tanto de la posible aplicación del procedimiento. El jurista se había reunido con González el 1 de abril, ocasión en que la ministra solicitó la entrega de las partes del fallo canónico que se refirieran "a los hechos que se le imputan (a Karadima), su declaración, el escrito de cargos y sus descargos".  Bulnes respondió diciendo que el texto estaba protegido bajo el secreto pontificio y salió del paso con un recurso de amparo profesional ante el Colegio de Abogados, que fue aprobado de forma unánime por los miembros del consejo del organismo.

El gremio aseguró que defendería a Bulnes, quien invocó el secreto profesional, y anunció que harían llegar una carta a la magistrada y a los presidentes de las cortes de Apelaciones y Suprema para explicar las razones de su decisión.

Sin embargo, este viernes el presidente de la Corte de Apelaciones, Juan Eduardo Fuentes, respaldó a la ministra en visita y aseguró que era "independiente" para realizar todas las diligencias que estimara convenientes: "La magistrado en sus funciones es absolutamente independiente en lo que es la función jurisdiccional. Si las partes recurren, el tribunal superior tendrá que conocer los antecedentes y resolverá conforme al mérito del proceso", indicó.

Fuentes comentó también que los tribunales están dispuestos a otorgar audiencias a todas las personas que lo requieran, en referencia a la embestida emprendida por el organismo colegiado.

Pero la controversia no terminó ahí. El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, calificó como una situación "muy delicada", la incautación del fallo canónico porque, según él, "justamente la confianza y el secreto forman parte de lo que son los derechos de las personas".

Más agudo fue el obispo Opus Dei de San Bernardo y experto en derecho canónico, Juan Ignacio González, quien sostuvo que la ministra "optó por el camino más fácil y grave", ya que "un juez civil ha interceptado una documentación que estaba bajo reserva propia de la legislación de la Iglesia. Esto es gravísimo, porque un ordenamiento pasó a llevar al otro".

González manifestó que el procedimiento "pone en tela de juicio, en suspenso, el secreto pontificio" y añadió que "había un camino para hacer esto, se estaba siguiendo y de repente se  interrumpe y se va por otra vía".

De todas formas, la polémica diligencia ya está dando frutos. El decreto formulado por la Santa Sede da cuenta de dos personas que integraban el círculo de la Iglesia Sagrados Corazones de El Bosque en los ´70 y que, en la actualidad tendrían 40 años, como víctimas de abusos sexuales siendo menores de edad. Además hace mención a otras personas cuyas identidades no son reveladas, que habrían sido interrogadas por el ex arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz.

Cabe recordar que los crímenes están prescritos, por lo que Jessica González tiene que buscar casos más recientes que puedan ser penados ahora por la ley.

Declara Murillo

Por más de tres horas declaró este viernes ante la ministra González uno de los principales demandantes en este caso, el licenciado en filosofía, José Murillo, en las dependencias del 34 juzgado del crimen de Santiago.

Murillo comentó que no había aportado más datos a la investigación y que había mantenido la declaración que había realizado anteriormente.
Respecto de un posible careo en conjunto con Fernando Karadima en las próximas semanas, Murillo dijo que las víctimas están dispuestas a  " hacerlo, con él, con quien sea, no hay secretos y no tenemos nada escondido".

Respecto del polvo que levantó el allanamiento, Murillo sostuvo que no tenía opinión respecto de esa diligencia que llevó a cabo la ministro, pero afirmó que "todo lo que se haga para establecer la veracidad de los hechos sea correcta siempre y cuando se respete la privacidad de las personas está bien".

Por otro lado, se espera que el próximo martes 26 de abril la Conferencia Episcopal de a conocer un protocolo a seguir para las denuncias contra sacerdotes por abusos a menores de edad.

Según explicaron fuentes eclesiásticas "para enfrentar este tipo de delitos aberrantes, hemos reformulado un protocolo, elaborado el año 2003, estableciendo en forma pormenorizada los procedimientos del obispo diocesano y del promotor de justicia ante denuncias de abusos, conforme a la normativa de la Santa Sede".

El documento está en su fase de revisión y podría ser nutrido con más acuerdos en relación a la prevención de los abusos sexuales y la ayuda a las víctimas.

Los argumentos para la incautación

Cuando Jessica González solicitó parte del fallo canónico al abogado defensor eclesiástico de Fernando Karadima, Juan Pablo Bulnes, lo hizo pensando en la autorización que el ex sacerdote había dado al primer fiscal a cargo de las indagaciones, Xavier Armendáriz.

"Sobre lo que se pregunta, en cuanto a la investigación eclesial, digo que ya señalé que sólo supe de ella el año pasado (…) Esta investigación, por deseo nuestro, se fue a Roma, lo que me da más confianza. En ella declaré por cuestionario, muy corto, no sé por qué no se me citó. Luego hubo un pliego de cargos y también hicimos unos descargos. Mi abogado es Juan Pablo Bulnes, no tengo problema en que él entregue copia de mi declaración, de los cargos y de nuestros descargos", expresó Karadima el 29 de abril de 2010.

En ese momento Armendáriz arguyó que el documento era esencial para "establecer que si en los delitos de abuso sexual que investigaba podían existir víctimas recientes, además los cuatro querellantes que denunciaron situaciones ocurridas entre 1980 y el 2004". Con eso se buscaba confirmar o descartar la "efectiva ocurrencia actual o próxima de conductas de carácter sexual que podrían revertir visos de delito respecto de menores o jóvenes en proceso de formación".

Sin embargo, Bulnes defiende el secreto pontificio indicando que "esta diligencia excedió absolutamente todos los términos de la declaración ante el fiscal Armendáriz. Hay una referencia, pero respecto de documentos que existían a junio del año pasado, no a los posteriores. Y yo creo que esa referencia en la declaración no tiene valor jurídico".

Cuando se reabrió el caso, una semana después de que el Vaticano diera a conocer su veredicto, la ministra en visita ofició al Arzobispado de Santiago para que le hicieran llegar el expediente de la investigación de la Iglesia. El prelado contestó diciendo que dicha diligencia estaba fuera de su potestad, por lo que se debía solicitar un exhorto directamente a la Santa Sede.

Este jueves la Corte Suprema aprobó la diligencia que se debía concretar a través de Cancillería, sin embargo, la magistrada optó además por la incautación de los documentos.



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CREDITOS DE CONSUMO SON EXPROPIATORIOS

NO PAGO: NADIE ESTA OBLIGADO A LO IMPOSIBLE
Los créditos de consumo son expropiatorios, usureros en la Banca Nacional. Conducen al no pago porque nadie esta obligado a lo imposible. Se termina e la imposibilidad de pago. A esto si se le suman la lista de otros costos asociados al crédito y letra chica  de los contratos conforman la más grande expropiación a las personas y también a Pymes  y la más extraordinaria utilidad para la Banca y Retail en General. Siembra dinero y cosecharas dinero. Pero acá se vuelve a la esclavitud y dependencia obligada  y que la gente por lo general no advierte hasta que cae e la imposibilidad de pago. Pero el Banco o entidad ya habrá recuperado su capital  e intereses en pocos meses. Lo demás es gracia.

Fuente:RG

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EL GOBIERNO DE SEBASTIAN PIÑERA CUMPLE A LOS CIUDADANOS: SE LEGISLARA SOBRE USO DE INFORMACION

Ministro Felipe Larraín sostiene que el Gobierno está afinando regulación al uso de la información comercial


En medio de la fuerte arremetida parlamentaria por terminar o reformular el Dicom, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, informó que el Gobierno está afinando cambios legales al uso de la información comercial.

El anuncio fue realizado ayer y a tan sólo un día de que la Cámara Baja presentara un proyecto de acuerdo, donde instó al Ejecutivo a aclarar cuál será su postura al respecto y si el tema será abordado a través de una nueva propuesta o una indicación sustitutiva al proyecto de deuda consolidada que reactivó la administración anterior mediante cambios a una serie de mociones parlamentarias. "Estamos trabajando en el tema de información comercial. Creemos que no sólo debe estar disponible la información comercial negativa de las personas, sino también la positiva", dijo Larraín.

Además, dijo el Gobierno no está de acuerdo en que registros de deudas, como Dicom, sean usados para "excluir" a las personas de servicios de salud o empleos.

Agregó que aún no está tomada la decisión sobre si enviar un proyecto específico sobre esta materia o presentar indicaciones: "Es algo que vamos a enviar al Congreso en los próximos meses".


Fuente:EMOL

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Cámara de Diputados desestima petición del Senado para constituir Comisión Mixta sobre proyecto de etiquetado de alimentos

Cámara de Diputados desestima petición del Senado para constituir Comisión Mixta sobre proyecto de etiquetado de alimentos

La solicitud formulada por el Senado había sido consensuada con el Gobierno y buscaba mejorar algunos aspectos del proyecto que regula la venta y publicidad de los alimentos pocos saludables.

    Ayer, tras un intenso debate, los comités parlamentarios del Senado acordaron consultar a la Cámara de Diputados constituir nuevamente una Comisión Mixta para examinar el proyecto sobre composición natural de los alimentos y su publicidad.

    La consulta buscaba mejorar aspectos puntuales del proyecto que prohíbe la venta y publicidad de comida poco saludable a menores, radicando sólo en la educación básica y media la prohibición de venta de estos alimentos o "comida chatarra" y revisar la norma que prohíbe publicitar alimentos sucedáneos de la leche materna.

    Este mediodía, el Presidente de la Cámara, Patricio Melero, informó que "no se logró el acuerdo unánime de los comités parlamentarios de la Corporación para acoger esta solicitud" y de esta manera -explicó- "ahora será el Senado quien tendrá que votar el informe de la comisión mixta tal cual como está, y luego de eso el informe pasará a la Cámara de Diputados y se resolverá si se aprueba o se rechaza".

    "Los comités del Partido Socialista, del Partido Comunista y del PRI e Independientes no dieron el acuerdo, los demás partidos sí lo dieron, y como no tengo la unanimidad, no corresponde que se vea por segunda vez", expresó.

    Ante la consulta de que el Senado haya optado por esta vía, sin que estuviera contemplada en los procedimientos ordinarios, expresó que "quiero interpretar que es un esfuerzo del Senado por tratar de llegar a una fórmula de acuerdo sobre algunos puntos que seguían sin un acuerdo mayoritario en el Senado".

    "Creo que hicieron un esfuerzo por tratar de lograr que esto se solucionara en el Parlamento, es un camino bastante nuevo, distinto a lo que normalmente se hace, pero no hubo la unanimidad para acoger ese procedimiento y, por lo tanto, tendrán que presentarse los proyectos tal cual están presentados en las comisiones mixtas".

    Respecto de la facultad del Ejecutivo de vetar la iniciativa, indicó que "no conozco la decisión que va a adoptar el Gobierno en esta iniciativa, es facultad privativa del Presidente. A nosotros nos corresponde sobre el procedimiento legislativo y la información de hoy es que la Cámara de Diputados no acoge el planteamiento de una segunda Comisión Mixta".

    Reacciones bancadas

    El diputado Juan Luis Castro (PS), en tanto, justificó la decisión de su partido de no entregar la unanimidad expresando que el proyecto de ley de regulación de alimentos a su parecer "es un mejor proyecto del que salió de la Cámara de Diputados, aquí sufrió múltiples recortes y disminuciones en materia de publicidad y restricciones de la venta de estos elementos".

    No obstante, agregó que discrepan de la fórmula que aplicó el Senado, "fue una fórmula de negociación para impedir que se votara en el Sala, sin embargo, esa fórmula no nos parece -puesto que es un acuerdo de comités y no de sala- y en segundo lugar, porque no es posible usar un método de esta naturaleza para resolver discrepancias y endosarle a la Cámara de Diputados un problema que debió resolverse en el Senado ayer en votación".

    Por su parte, el diputado, Marco Antonio Núñez (PPD), enfatizó que han "observado con preocupación como los últimos días el Ministerio de Salud se ha transformado en una correa de transmisión de los intereses primero de la industria de Isapres y ahora de la industria alimentaria".

    Agregó que les "parece el colmo que en la fase final y faltando muy pocos metros para la llegada sea el propio Ministro que se haga sensible a los reclamos de la SOFOFA y al lobby brutal que han desarrollado e intentan revertir la situación en una comisión mixta".

    En tanto, el diputado (UDI) Javier Macaya -quien asumirá como Presidente de la Comisión de Salud, en reemplazo del fallecido diputado Juan Lobos- consignó que con la determinación de la Oposición para no conformar una Comisión Mixta se está "quitando la posibilidad al país de tener rápidamente una ley sobre esta materia".

    "Existe la posibilidad, por la mayoría que tiene la Concertación en el Senado, que se apruebe este proyecto, pero que finalmente se rechace en la Cámara de Diputados y no tengamos ley", puntualizó.

    Finalmente la diputada (RN) Karla Rubilar advirtió que lo que se está haciendo acá por parte de la Concertación es "golpear al Presidente Piñera y engañar a la población, lo que está haciendo el ministerio (de Salud) es buscar una fórmula para que este proyecto no tenga ideas que rayen en lo absurdo, como que en las universidades no se puedan vender papas fritas y chocolates, y que las mamás no sepan que leche le pueden dar a sus hijos".



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    BUSCAN PONER FIN A LA USURA DE LA BANCA EN CHILE QUE IMPIDE EL CRECIMIENTO.UNA ASPIRACION CIUDADANA

    Diputados DC ingresan proyecto que terminaría con el cobro del interés sobre interés

    Publicado el 14 de abril del 2011

    Este cobro -conocido también como anatocismo- es uno de los principales factores que hoy contribuye a encarecer los créditos, expresaron los parlamentarios. El año pasado, las utilidades de los bancos superaron los 3 mil millones de dólares, un 26% más en relación al año 2009.

      Para terminar con la norma que en Chile permite el cobro de interés sobre el interés de las deudas, el diputado DC Ricardo Rincón, junto a los diputados Pablo Lorenzini, René Saffirio, Fuad Chahín, Carolina Goic, Patricio Vallespín y Gabriel Silber, ingresó una iniciativa que acabaría con el llamado anatocismo, permitido en Chile desde el año 1974.

      Al respecto, el diputado Ricardo Rincón, autor de la iniciativa, explicó que "a las altísimas tasas que están cobrando los bancos y a las enormes diferencias que existen en el mercado, con casos realmente increíbles, hay que agregar un factor que sin duda debe terminar y nos referimos al cobro de interés sobre interés, que es lo que finalmente produce que los consumidores terminen pagando cifras exorbitantes por sus créditos".

      El parlamentario DC explicó que "el anatocismo consiste en cobrar intereses sobre los intereses de la mora que se genera por el no pago oportuno de las cuotas de un préstamo. A esto también se le conoce como capitalización de los intereses".

      "Con este proyecto terminaremos con esta facultad que tienen los bancos lo que finalmente se traduce en que la deuda aumenta cada vez más y a los clientes se les hace imposible poder ponerse al día y terminan pagando mucho más que lo pactado originalmente y entrando en las bases de datos de deudores, como DICOM".

      Agregó que "en el mundo, esta práctica está autorizada, aunque estrictamente regulada, como en Colombia, donde no se permite en materia civil y sólo en materia comercial. Pero en la mayoría de las legislaciones se permite el anatocismo sólo a partir de un año de mora, en Chile, es partir de los 30 días de mora".

      Finalmente, el diputado Ricardo Rincón dijo que "esto es lo que tiene ahogado a miles de chilenos, ya que si al anatocismo le sumamos las altas tasas de interés que cobran los bancos, los gastos de cobranza externa y otros, a las personas se les hace imposible poder pagar sus deudas una vez que se atrasan, por lo que queremos terminar con esta práctica de cobro de interés sobre interés".

      La iniciativa, que incluye una estudiada revisión de la situación en Chile y otros países, modifica el artículo N°9 de la Ley 18.010 y establece una nueva redacción para el artículo N°2210 del Código Civil, señalando que "se prohíbe estipular intereses sobre intereses".


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